Para el momento de la huelga en el año 2008, el gobierno del nefasto presidente Álvaro Uribe Vélez, entregaba a los industriales millones de dólares en subsidios, exenciones e incentivos tributarios, pago a la industria con un alto subsidio a la producción oligopólica de etanol, mientras permitía que los trabajadores dedicados al corte de caña, laboraran sin contrato directo de trabajo enganchados por medio de Cooperativas de Trabajo Asociado, contratistas, contratos sindicales, empresas temporales; todas formas depreciadas de la relación laboral para evadir el pago de las prestaciones sociales y de los servicios de salud a los trabajadores, en un claro estado de cosas inconstitucional.
Obligados durante toda la administración Uribe a laborar en condiciones infrahumanas, frente a la intransigencia de los empresarios, los trabajadores se fueron a la huelga el 15 de Septiembre de 2008, fortalecidos por un proceso organizativo autónomo que tuvo como base las propias cooperativas, los sindicatos de corteros, las familias y las comunidades y la recuperación mediante la unidad y la lucha, de la dignidad frente a las condiciones de humillación social a las que estaban siendo sometidos en el principal complejo agroindustrial del país, como lo es el "cluster" del azúcar, que aglutina a más de 500 empresas cuya materia prima es la caña de azúcar.
Durante más de 60 días los trabajadores, con la solidaridad del movimiento social y de las organizaciones y líderes democráticos de la región y de la Nación, resistieron todos los embates de la patronal por destruir el movimiento, agresiones de la fuerza pública, amenazas de declarar ilegal el movimiento, pago e incentivo a los
trabajadores de planta en las fábricas vinculados con contratos de trabajo indefinidos, salarios legales, prestaciones, salud y bienestar social para que marcharan y se pronunciaran contra la justa huelga de los trabajadores corteros de caña en el campo. Además, realizaron publicaciones y declaraciones calumniosas contra el movimiento y los dirigentes en todos los medios de comunicaciones. Y finalmente, contribuyeron y fueron artífices de una conspiración a partir de la utilización de testigos falsos pertenecientes a la red de informantes de los ingenios para producir un montaje judicial que se materializó el 13 de Octubre de 2008, (en plena huelga), en un proceso penal orquestado desde Asocaña, la Fiscalía, el Ejército y la propia Presidencia de la República y el Ministerio de la Protección Social, pidiendo el encarcelamiento de los dirigentes del movimiento y los activistas políticos que los apoyaban.
Los empresarios no lograron la derrota de la huelga y tuvieron finalmente que aceptar la negociación y la interlocución con esos hombres y mujeres humildes, jornaleros agrícolas que siempre habían despreciado y tuvieron que reconocerlos en una mesa de negociación que se tradujo en la firma de ocho (8) acuerdos, que permitieron el final de la jornada de huelga de más de 10 mil corteros de caña en 8 ingenios azucareros, mediante una solución negociada entre las partes, que sigue vigente 2 años después, buscando mejorar las condiciones de trabajo en el Valle geográfico del Río Cauca.
Sin embargo y a pesar de los acuerdos del 2008, hoy en día, los trabajadores permanecen laborando sin las garantías mínimas de ley consagradas en la Constitución Política y se reinicia en Noviembre del 2010 la discusión de prórroga de los acuerdos alcanzados en el año 2008, nuevamente levantando por parte del movimiento de los trabajadores azucareros, a través de un nuevo pliego de exigencias; la consigna de la libertad sindical, la reivindicación de los derechos de reunión, asociación, negociación colectiva, libertad de expresión, contratación directa en la industria azucarera, no al trabajo infantil en el campo, la no utilización de ancianos en el corte manual de caña, redistribución del ingreso azucarero en derechos tales como la salud, educación, recreación, seguridad social, salud ocupacional, seguridad industrial y la protección de un medio ambiente sano. Recuperándose ahora, nuevamente la voz de la denuncia del ignominioso sistema de tercerización laboral que no solo plaga los campos azucareros sino que esquilma y vulnera los derechos del 90% de todos los asalariados en Colombia.
Los ingenios azucareros alcanzaron utilidades netas el año pasado por valor de 330 mil millones de pesos, disfrutando de precios históricos del azúcar en el mercado mundial, exenciones tributarias superiores a los 150 millones de dólares anuales, el apoyo de programas como agro ingreso seguro, el monopolio de la propiedad de la tierra en el valle geográfico del Río Cauca, la súper explotación del agua superficial y profunda de más del 90% de la cuenca del Río Cauca para los distritos de riego mientras que la población local en Candelaria y toda su área de influencia, carece de suministro confiable de agua potable, la contaminación del aire mediante las quemas industriales y la utilización de agroquímicos y piscinas a cielo abierto de desechos industriales (más de 300 mil hectáreas de tierra cultivable en menos de 1600 propietarios con el coeficiente gini en materia de propiedad de la tierra alcanzando el registro del 0.85 en el Valle del Cauca). Todo lo anterior configura un orden material y de concentración intensiva de los recursos para sostener un régimen de gran propiedad rural y el modelo corporativo de desarrollo del monocultivo azucarero que perpetúa grandes privilegios en contra del bienestar de la población, su sostenibilidad en el territorio y la justicia social. En contravía de la tan promocionada noción de la responsabilidad social empresarial y la función social y constitucional de la propiedad.
Por eso, con el propósito de mantener este régimen oprobioso de privilegios y super explotación del hombre y la naturaleza en el valle geográfico del Río Cauca y en medio de la difamación, la intimidación y la persecución al movimiento obrero, es que ahora se emplaza desde el próximo martes 21 de Septiembre de 2010 en el Palacio de Justicia de Buga, a los líderes de los trabajadores azucareros, OMAR ENRIQUE SEDANO, JOSE ONNEY
VALENCIA, RAUL ANTONIO CHACON, OSCAR DE JESUS BEDOYA y los militantes del POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO que los acompañaron, JUAN PABLO OCHOA y ALBERTO BEJARANO, a comparecer a juicio oral en el Juzgado 3ro penal especializado de Buga, para responder ante las temerarias acusaciones de la Fiscalía Especializada, que pretende hacer valer un montaje judicial por los supuestos delitos de concierto para delinquir, lesiones personales agravadas y sabotaje. Acusación que podría significar una larga e injusta pena de prisión de prosperar ante la justicia las infames pretensiones de la parte civil en el proceso (los ingenios) y los organismos de investigación, que pretenden acallar de esta manera, la justa lucha de los más humildes por reivindicar con la fuerza de su ejemplo, labrado en el derecho a la huelga, los derechos de aquellos a quienes los poderosos ni siquiera le permiten reivindicarse como lo que son; trabajadores de la industria azucarera.
En esta hora definitiva para este proceso, convocamos a la opinión pública independiente, a nivel nacional e internacional, a los trabajadores y trabajadoras colombianas, a los movimientos sociales, a la oposición política, a los libre pensadores, a los artistas y trabajadores de la cultura, al movimiento ambientalista y al movimiento sindical, para que entre todos acompañemos la justa defensa de los trabajadores azucareros y reivindiquemos su inocencia en el estrado judicial y la justeza de su lucha, en los campos y pueblos del valle geográfico del Rió Cauca. De lo que se trata en este momento, es de la más atrevida y descompuesta conspiración de los más poderosos por agredir y destruir la simiente de un movimiento social, que no solamente es inocente de aquello que se le acusa sino que además es necesario para la consolidación de un régimen de libertades, derechos y equilibrios sociales y ambientales al modelo corporativo de desarrollo que amenaza con destruir la vida y el medio ambiente en el sur occidente de Colombia, pasando por encima de la Constitución, la ley laboral y ambiental y las necesidades más sentidas de las comunidades y los trabajadores.
Porque en esta lucha están comprometidas las más elementales fibras de la vida en el territorio y la justicia social, porque en este proceso todos los poderosos, desde la gran propiedad rural, el poder de las corporaciones, apoyados por el régimen de Álvaro Uribe Vélez y sus métodos corruptos en los organismos de investigación del Estado se han juntado para conspirar en contra de la población, es que hacemos el llamado a acompañar y a apoyar la resistencia civil y abierta de nuestros compañeros procesados que se enfrentan en este juicio oral a esta tenaza que se erige ahora, como ;
